Detectan “actos de represión a la protesta social, abuso de autoridad, omisiones y agresiones por parte de agentes del Estado, revisiones injustificadas, operativos de seguridad con efectos restrictivos sobre el ejercicio de derechos y detenciones arbitrarias”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A unas horas de que se dispute el partido México contra Chequia, y que en ese contexto se lleven a cabo movilizaciones sociales, el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos documentó desde el primer día del mes que en 39 eventos se han cometido abusos en diversas ciudades del país, “acumulando 66 incidencias registradas, ya que un mismo hecho puede involucrar a más de una afectación a derechos humanos”.
El Observatorio está conformado por integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), que está conformada por 88 organizaciones en 23 estados de la República mexicana, y que en el contexto de la Copa Mundial de Futbol, monitorea los eventos en los que activistas sociales han anunciado movilizaciones para visibilizar problemáticas específicas.
En un informe previo al encuentro de este miércoles en el Estadio Ciudad de México, de los 39 eventos en los que se registraron violaciones a derechos humanos, 36 ocurrieron en la capital, y el resto en Puebla, Toluca y Monterrey.
El monitoreo detectó “actos de represión a la protesta social, abuso de autoridad, omisiones y agresiones por parte de agentes del Estado, revisiones injustificadas, operativos de seguridad con efectos restrictivos sobre el ejercicio de derechos y detenciones arbitrarias”.
Como autoridades responsables de las violaciones a los derechos humanos “destaca la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y agrupamientos policiales especializados, además de corporaciones estatales y municipales”.
Encapsulamientos
En los 39 eventos en los que se registraron abusos se documentaron “encapsulamientos, despojo de pertenencias personales y de trabajo, detenciones arbitrarias, amenazas relativas a cometer crímenes de lesa humanidad y actos de violencia sexual en contra de mujeres detenidas, uso excesivo de la fuerza, uso de artefactos explosivos y balas de goma disparadas en contra de manifestantes, golpes, posibles actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
El informe resaltó que las víctimas de los abusos fueron manifestantes, sobre todo jóvenes, estudiantes, maestros, defensores de derechos humanos, familiares de personas desaparecidas y periodistas.
En cuanto a los periodistas, el Observatorio Mundialista destacó que “han sido víctimas de detenciones arbitrarias, agresiones físicas y diversos obstáculos para el ejercicio de su labor mientras realizaban acciones de documentación”, actos que “no sólo vulneran sus derechos a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, sino que afectan el derecho a toda sociedad a estar informada”.
Para las organizaciones agrupadas en el Observatorio “los hallazgos documentados muestran una tendencia preocupante: la implementación de medidas de seguridad, control y gestión de espacio público asociadas al mundial están teniendo impactos directos sobre el ejercicio de derechos fundamentales”, alertó el Observatorio.
“Lejos de tratarse de hechos aislados, estas incidencias evidencian un proceso de creciente securitización del espacio público que coloca en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales, particularmente la libertad de reunión, manifestación, expresión, participación política, el derecho al libre tránsito y defensa de derechos humanos.
“Lo documentado hasta ahora constituye una señal de alerta temprana sobre las consecuencias que puede tener la organización de un megaevento deportivo cuando las políticas de seguridad se colocan por encima de obligaciones estatales de respeto, protección y garantías de derechos humanos”, advirtió el Observatorio Mundialista.
Alertó que las violaciones a derechos humanos detectadas no sucedieron de manera espontánea, sino que tuvieron como antecedentes discursos oficiales reproducidos “desde los más altos niveles del poder público”, entre ellas de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, enfocados en “la criminalización de la pobreza, la protesta, la defensa de los derechos humanos, despliegues extraordinarios de seguridad y el control de espacio públicos”.
Tras recordar que el origen de las protestas radica en “la omisión” de las autoridades para dar respuesta a demandas sociales, el Observatorio alertó que los actos de represión se agravan “para las familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, quienes históricamente han enfrentado procesos de revictimización y la falta de protección”, por lo que “los discursos de criminalización incrementan los riesgos que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos y debilitan las condiciones necesarias para el ejercicio de su derecho a la verdad, búsqueda, la justicia y la participación”.
Otros sectores que también son expuestas a riesgos por esta política de securitización, son las poblaciones callejeras y personas migrantes, ya que en el afán de la “recuperación de espacios públicos, reordenamiento urbano, seguridad o mejoramiento de la imagen de las ciudades sede, suelen implementarse acciones de desplazamiento forzado, retiro de pertenencias, desalojos y prácticas de limpieza social dirigidas contra personas que habitan o desarrollan su vida en el espacio público”.
Las organizaciones que participan en el Observatorio consideraron preocupante que las narrativas estigmatizantes expresadas desde el ámbito oficial, han permeado en distintos sectores sociales lo que ha derivado en “hostilidad, descalificación y violencia contra personas y colectivos que ejercen derechos legítimos”, generando “expresiones revictimizantes, discriminatorias y, en diversos casos, atravesadas por violencia de género, afectando directamente los derechos a la libre manifestación, la libertad de expresión y la libre reunión”.
Recomendaciones
El Observatorio Mundialista de Derechos Humanos formuló nueve recomendaciones a los tres niveles de gobierno, a fin de garantizar el pleno ejercicio de las garantías constitucionales de libertad de tránsito, de expresión, de manifestación y reunión, durante la Copa Mundial de Fútbol.
Las organizaciones civiles participantes exigieron “el cese inmediato a la criminalización, estigmatización y deslegitimación de la protesta social”, a partir de la rectificación de “las narrativas oficiales que califican la protesta social y la defensa de los derechos humanos como actos delictivos”.
El Observatorio apuntó que se debe “suspender inmediatamente y de manera definitiva los operativos de “securitización extrema que restringen el uso del espacio público”, así como “establecer y transparentar protocolos claro para las fuerzas de seguridad (incluyendo las especializadas) que garanticen el respeto absoluto a la libre reunión, manifestación y libre tránsito, asegurando que el despliegue de seguridad por el Mundial no sea excusa para ejercer abuso de autoridad o detenciones arbitrarias”.
Fuente: Proceso
Observatorio Mundialista señala violaciones a derechos humanos en 39 eventos | Proceso